Aunque España no es un país en el que las catástrofes naturales son frecuentes debido a que está situado fuera de las zonas de mayor actividad sísmica y alejado del área de paso de los tifones y huracanes, entre otros aspectos, los daños ocasionados por diversos fenomenos naturales en los últimos años ponen de manifiesto la importancia de estar preparados para los imprevistos y contar con una buena capacidad de reacción en este tipo de casos.
Consejos básicos antes de contratar un seguro
España cuenta a día de hoy con un instrumento de actuación para estas ocasiones que supone un éxito de funcionamiento y un ejemplo para otros países. Se trata del Consorcio de Compensación de Seguros, una entidad pública empresarial que, entre otras funciones, cumple la de actuar como fondo de garantía cuando se dan determinadas circunstancias. Su actividad, por lo tanto, está muy relacionada con la cobertura de riesgos de carácter extraordinario.
El funcionamiento del Consorcio, que combina la participación pública y privada, resuelve con éxito la necesidad de actuar con rapidez y solvencia ante situaciones inesperadas y de gran alcance, y reduce la incertidumbre en el negocio de las aseguradoras, además de permitirles minimizar los costes y, por lo tanto, los precios de sus pólizas. Y es que en España tan sólo un 10% de las empresas cuentan con planes de gestión de riesgos por catástrofes naturales.
Esta cifra pone de manifiesto que los empresarios no están muy concienciados antes los riegos de carácter natural que corren sus negocios, pero la realidad es que las catástrofes se producen cada vez con más frecuencia, también en nuestro país.
Ejemplos de ello son las cada vez más repetidas inundaciones, el ciclón Klaus del año 2009 o el terremoto de Lorca, en 2011, sin olvidar los destrozos producidos por el oleaje en la costa cantábrica durante este invierno, cuyos costes ascienden ya a más de 100 millones de euros, aunque esta estimación tiene un carácter provisional ya que todavía podrían producirse daños por nuevos temporales. De esta cifra, más de 20 millones corresponderían a la parte de responsabilidad del Estado.
